¿Hasta cuándo tanta corrupción en Venezuela?
Por ZENAIR BRITO CABALLERO
La corrupción como excusa siempre será un motivo para no entrarle al problema de fondo que se manifiesta en la escasez de recursos del Estado, para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Cuando hablamos de corrupción deberíamos concretar en qué ámbitos la misma se produce y quiénes son los actores, porque no lo olvidemos: Hay corrupción porque hay corruptores. La corrupción debe ser objeto de combate permanente: Fijemos prioridades, hagamos una hoja de ruta de brega contra la corrupción, señalemos los objetivos, establezcamos los medios y los recursos para bregar contra este flagelo, pero empecemos por decidir cuánto y de qué manera vamos a invertir en lucha contra la corrupción.
¿Tiene el Estado los recursos y los medios para llevar a cabo la hoja de ruta que tendríamos que dibujar entre todos? ¿Y quiénes somos todos? Actores en esta brega deben ser, en primer lugar, nuestros legisladores, aprobando un código de buenas prácticas, de obligado cumplimiento en todos los ámbitos de la administración del Estado; deberíamos continuar reformando una administración pública suficiente, competente y motivada, que cuente con los mejores profesionales en su ámbito de actividad, quienes deben recibir buen trato y mejores salarios.
Sigamos con los actores sociales: ¿Están los grandes empresarios de este país “realmente” interesados en acabar con la corrupción? ¿Están dispuestos a abandonar la práctica de llevar varias contabilidades — las que se enseñan a ciertos accionistas, normalmente los mayoritarios — y las que se muestran y presentan ante las autoridades? ¿Están dispuestos a respetar las leyes y los convenios internacionales firmados por Venezuela en el ámbito laboral? ¿Nuestras cámaras empresariales aceptarían el principio de funcionar democráticamente, publicar el listado de sus asociados, convocar con toda transparencia sus elecciones internas y transparentar sus recursos? Porque recordemos que, al fin y al cabo, son asociaciones privadas de interés público.
Efectivamente, la corrupción es un cáncer para las finanzas públicas, no se tributa correctamente ni se pagan las cotizaciones al sistema de seguridad social, se utilizan todos los malabares posibles para evadir dichas responsabilidades y todo esto se facilita gracias a la inexistencia de verdaderos servicios públicos de inspección, con sus correspondientes instrumentos de sanción hacia los infractores. Este ambiente de corrupción/impunidad generalizada es el que se da en el aparato productivo de nuestro país, y no es tolerable por más tiempo que los evasores y defraudadores gocen de impunidad casi total.
Impunidad y corrupción son la consecuencia, la causa de un sistema fiscal débil e injusto, por tanto, poco creíble para la ciudadanía. Se trata de reforzar al Estado, dotarlo de medios para hacer eficaz, transparente y justa tanto la recaudación como el gasto. Para ello también son necesarios los recursos; saneemos nuestro aparato estatal y productivo, porque todos debemos aportar y, como dice La Constitución, deben aportar más los que más se benefician de la producción y la riqueza generada por todo el país.
Este régimen revolucionario socialista-comunista, tiene el deber de asumir sus competencias y responsabilidades constitucionales y las mismas son conocidas, están escritas negro sobre blanco y hay que cumplirlas. El esfuerzo es de país, de Estado y no valen las excusas para seguir con el nivel de deterioro y postración en la que se encuentra la mayoría de la población venezolana.
Aclárate. Publicado: 07-MAR-2010.
Brito Caballero es doctora en Psicología y Ciencias de la Educación, y es profesora jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
