Los premiados de El Amparo

Por ROBERTO GIUSTI

La mañana del 29 de octubre de 1988, en plena campaña electoral, 14 hombres que se encontraban pescando en el caño de La Colorada, afluente del Arauca, muy cerca de la población de El Amparo, en Apure, fueron masacrados por un grupo de militares y civiles miembros del llamado Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP). Sin aviso previo, soldados del Ejército y efectivos de la Disip y de la PTJ, dispararon a mansalva contra el grupo de pescadores en lo que desde entonces se conoce como la Masacre de El Amparo.

La causa del brutal ataque era la presunta adscripción de las víctimas al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), información de inteligencia equivocada, como luego lo demostrarían los hechos.

Dos sobrevivientes, José Augusto Arias y Wolmer Pinilla, quienes lograron escapar lanzándose al agua, permanecieron escondidos un par de días antes de denunciar lo ocurrido ante el puesto policial de El Amparo. Allí se presentaron miembros del CEJAP para detenerlos, pero los habitantes del pueblo lo impidieron porque se temía que corrieran igual suerte que sus compañeros.

Según la información oficial, las 14 víctimas eran guerrilleros colombianos que planificaban la voladura de instalaciones petroleras en la zona y que en el momento de su detención fueron dados de baja al abrir fuego contra los efectivos del CEJAP. Sobre esa versión, el juez militar Ricardo Pérez Gutiérrez dictó auto de detención contra Pinilla y Arias por el delito de rebelión, al tiempo que ordenó la liberación de los hombres del CEJAP por considerar que actuaron en defensa propia.

Sin embargo, para ese momento el Parlamento había designado una comisión que investigaría el caso y el entonces diputado Walter Márquez se convirtió en una verdadera pesadilla para los jefes militares y políticos que trataban de sofocar el escándalo. La investigación determinó que los pescadores presentaban heridas de bala en la espalda y en la parte posterior de la cabeza. Es decir, habían recibido tiros de gracia.

Dos meses después, el Consejo de Guerra Permanente revocó la decisión de Pérez Gutiérrez y ordenó la detención de los efectivos del CEJAP, mientras que los testigos, que habían solicitado asilo en México, regresaron al país y se entregaron para ser liberados posteriormente.

Pero poco dura la detención de los presuntos asesinos, quienes por decisión de la Corte Marcial salen a la calle en abril de 1989. De nada sirve la apelación que los abogados de los sobrevivientes presentan ante la Corte Suprema de Justicia y es así como Provea (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz), junto con Márquez, presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 1993 ese organismo recomienda sancionar a los culpables e indemnizar a las familias de las víctimas. Cuatro años después, se procede al pago por un total de 93 millones de bolívares a unas 40 personas. Pero los culpables no son castigados y en 1998 la Corte Marcial absuelve a los 19 funcionarios que participaron en la masacre.

¿Quiénes son?

Para aquel momento el general (Ej) Humberto Antonio Camejo Arias desempeñaba el cargo de jefe de la División de Infantería y Guarnición del estado Táchira, del cual dependía el CEJAP.

Ese organismo, creado en 1987, ante la creciente inseguridad y penetración de la guerrilla en la zona fronteriza, estaba bajo las órdenes del coronel (Ej) Enrique José Vivas Quintero, actualmente retirado de la Fuerza Armada. Vivas Quintero fue luego jefe de finanzas, en Caracas, del Movimiento Quinta República (MVR) y posteriormente resultó electo diputado al Parlamento Andino en las planchas de ese partido.

El capitán de navío, Ramón Rodríguez Chacín, fue uno de los participantes en la creación del CEJAP, desmantelado luego de la masacre. Rodríguez Chacín sería ministro del Interior en el año 2002 y fungiría luego como enlace del Gobierno con los movimientos guerrilleros colombianos, además de ocupar puestos directivos en el MVR.

Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, quien participó en la masacre, fue nombrado director nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2002.

Celso Rincón Fuentes, funcionario de la Disip, fue quien tendió la emboscada, al proponerle al lanchero José Indalecio Guerrero que le pesque en el río unos "coporos"para llevarlos a San Cristóbal.

Rincón Fuentes ocupó el cargo de subdirector y jefe de Seguridad de la cárcel de Yare en el año 2002.

El coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar de instrucción en el caso, falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, es actualmente consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social. Antes, cuando José Vicente Rangel era ministro de la Defensa, había sido asesor jurídico del Ejército y ocupó luego la Consultoría Jurídica de ese despacho durante la gestión del general Jorge García Carneiro.

La recurrente fatalidad

La masacre de El Amparo, que no fue la primera porque antes ocurrieron hechos similares protagonizados por funcionarios del CEJAP (Las Gaviotas, Totumitos, El Vallado), marcó un hito porque a pesar de que al final venció la impunidad, la opinión pública se enteró dela verdad de los hechos, los criminales fueron identificados, el caso se llevó a instancias internacionales, se canceló una indemnización (aunque incompleta a los familiares de las víctimas) y el país cobró conciencia sobre la situación de los derechos humanos y su sistemática y permanente vulneración.

Lo negativo es que los culpables, lejos de ser castigados, no sólo andan libres sino que han sido recompensados con cargos de dirección y poder en un gobierno que no cesa de condenar los crímenes ocurridos durante la Cuarta República.

Los sucesos recientes de La Paragua y La Victoria, además de casos como el de los soldados quemados de Fuerte Mara y del teniente Sicatt, en un cuartel de Maturín, presentan semejanzas indiscutibles y una recurrencia en los hechos, generalmente impunes, en los cuales hay una constante: la aparición del Ejército venezolano.

Los muertos, generalmente civiles, reciben disparos por la espalda, posteriormente son rematados y casi siempre están desarmados. Los hechos suelen ocurrir en parajes lejanos o en dependencias del Ejército y sólo se hacen del dominio público cuando hay sobrevivientes que logran escapar.

En todos los casos se habla primero de enfrentamientos, luego se modifica la versión, y si estamos en campaña electoral, se reconocen "los excesos," se promete llegar hasta las últimas consecuencias, pero casi nunca, o nunca, se llega a nada.

Cortesía de El Universal. Publicado: 01-OCT-2006.