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Estado, nación y ciudadano vs. Estado Totalitario

Décima cuarta carta abierta a los ciudadanos

Por VA(r) MARIO IVÁN CARRATÚ MOLINA

Desde el inicio del presente gobierno en 1999 y en el transcurso de los últimos años de su administración, como representante de “todos los ciudadanos venezolanos”, hemos venido observando como las decisiones políticas violan nuestros Derechos Constitucionales, en su gran mayoría configuran una complicada e inconsulta conversión de la democracia como modelo de gobierno, en otro de facto, inaceptable y de contenido totalitario. Figura cimera y principal ejecutor es Hugo Chávez Frías, que a su vez sigue las fallidas experiencias impuestas bajo represión en naciones como la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba1.

Lo complicado de esta situación es que los ciudadanos no hemos contado con la autónoma y constitucional actuación de todos los funcionarios que desde 1999 hasta el presente han sido constituidos como nuestros representantes en los Poderes del Estado2 , instituciones normativas y autónomas de la administración del gobierno, así como de otros entes administrativos tales como: el Sistema Jurídico en general, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y Cuerpos de Seguridad del Estado, que actuando de manera ilegal, por lo anti constitucional, y por lo tanto ilegítima, se han transformado en aparatos represivos, que actuando sobre los ciudadanos y organizaciones, han aceptado, apoyado y favorecido sin la apropiada argumentación jurídica-política, la flagrante violación del Preámbulo y los artículos: 1, 2 y 3 de nuestra Carta Magna.

Es conveniente destacar que La Revolución Francesa constituye el punto de partida hacia la modernidad del concepto de la ciudadanía, desde entonces se inicia un lento proceso por la recuperación del contenido politológico de ser ciudadano, que lo refiere como la capacidad de control de la vida pública, al tiempo que se establece el principio de igualdad que la hacía potencialmente abierta a todos. La ciudadanía fue vista en aquel momento no sólo como un estatus del que disfrutar, sino como un modo de vinculación y compromiso. Desde allí, la tradición republicana toma para sí el concepto político de ciudadano como principio igualitario de pertenencia de la comunidad política y le convierte en actor de la vida pública.

La Constitución venezolana de 1999 funda el contenido político que correlaciona el concepto de “Ciudadano” con el “Estado y La Nación.” Contenidos que sitúan al residente como centro o punto focal de lo político en Venezuela, que va más allá de lo que la misma Constitución define en los artículos del 39 al 42, pero que desde el preámbulo queda interpretado que es el “ciudadano” el actor político por excelencia.

Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario3 representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático.

Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Artículo 2.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 3.- El Estado tiene como fines esenciales de defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución.

Como es conocido, tanto en la República de Venezuela, por sus ciudadanos como en el extranjero, el ejercicio del gobierno de Hugo Chávez es referido y calificado como totalitario y al mismo tiempo ilegítimo.

Esta degradación no puede atribuírsele a algún antojo o reacción adversa como suele ocurrir en aquellas democracias donde existe el ejercicio total de las libertades ciudadanas y por consiguiente la libre expresión de las ideas como parte del juego y ejercicio ciudadano, que además, pueda dar lugar a otros calificativos sui generis. En el caso venezolano, luego de 11 años, no existe perplejidad alguna de la ausencia de democracia, prueba de ello la tenemos por represión coactiva en todas las decisiones del gobierno y la utilización de grupos armados como amenaza colectiva o selectiva contra los ciudadanos en un contexto político caracterizado por la desaparición del Estado de Derecho.

Todo lo antes expresado configura una situación extremadamente delicada y de elevado contenido autoritario. No existe libertad de ideas y expresión, es por lo tanto necesario darle la significancia de gobierno “ilegítimo” frente a lo que pueda argumentarse como “legal” y anticonstitucional en su desempeño en personalización de actividades que podrían tipificarse como delitos de “ traición a la patria” unos y otros, como de “lesa humanidad” (léase Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).

Como ejemplo debe razonarse la transformación de la Institución de la Defensa (FAN) en un cuerpo ineficiente, con el delicado lastre de las milicias populares, la presencia de cuerpos armados extranjeros y su desarticulación operativa y operacional. La ideologización e introducción de la doctrina militar cubana con el remoquete de nuevo pensamiento y doctrina militar, que no es otra cosa, que la entrega de la Nación al poder político de Cuba4 y la inconstitucional presencia en Venezuela de las milicias cubanas5.

Esto, no ha sido debidamente analizado e informado al ciudadano, se esconde, para no alarmar y sigamos ignorando una grave situación de indefensión e inseguridad de toda la Nación, que también, nos podría converger en conflictos armados internos y regionales; basta considerar la reciente creación del Movimiento Continental Bolivariano, (MCB) que agrupa, equipa y entrena a integrantes de los grupos radicales del continente. Cómo debemos interpretar esto los ciudadanos venezolanos? y Cuál podría ser la respuesta que están “obligados“ a dar todos los funcionarios que integran los poderes del Estado y muy especialmente, la alta jerarquía militar?

Estas citas nos demuestran la responsabilidad que recae sobre el presidente Hugo Chávez Frías y en los funcionarios ejecutivos de los poderes del Estado y por si fuera poco, por la ineficiente, improcedente y descompuesta administración de los recursos del Estado, no solo en el aspecto financiero, también en el ámbito institucional, económico, cultural social, militar, de seguridad, (pública, ciudadana y defensa) en lo atinente a la salud, higiene ambiental y sin ser lo último en el respeto a la constitución y al ciudadano.

Art.-25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los deberes garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores.

Los recientes acontecimientos represivos que han ocurrido, como son: La detención del Dr. Oswaldo Álvarez Paz, la persecución y amenazas para con el Dr.Guillermo Zuloaga, la arbitraria violación de la inmunidad parlamentaria del Diputado a la Asamblea Nacional Wilmer Azuaje, la persecución a periodistas y demás individualidades, el cierre de importantes medios de comunicación, las violaciones e invasión de la propiedad privada y las continuas amenazas del presidente a los ciudadanos venezolanos que en ejercicio de su poder ciudadano y de la ciudadanía, expresen acusen públicamente al presidente en ejercicio, a sus funcionarios rechazando y criticando y calificando como ilegítimo.

Debemos ubicarnos como ciudadanos en la justa y real amenaza, además, definir la “organización colectiva” que debemos adoptar para superar esta absurda condición de continuar atomizados y fragmentados, y al mismo tiempo, preservarnos de ser arrastrados anárquicamente por la desorganización a otros estadios.

Este problema y amenaza NO se resolverá, como ruta preliminar, asistiendo masivamente a las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 26 de septiembre del año en curso, por ello, entiéndase que la movilización ciudadana debe ser masiva. Tenemos la experiencia de no tener nada organizado, estamos huérfanos de dirección política, estrategia y mucho menos de alternativas para las contingencias en lo electoral y en otras áreas, vitales puedan presentarse. Somos reiterados en las grandes incoherencias y diferencias de “objetivos”, como por ejemplo, las que aparecen cada vez que convergemos o somos convidados a un evento electoral.

Esta vez no podemos soslayar lo que acontece desde octubre del 2009 en cuanto a la selección de los posibles candidatos a “representarnos” en la Asamblea Nacional, reconocemos los esfuerzos y consensos, pero no entendemos lo cachazudo y oscurecidísimo, luego de 11 años o más de “tele política,” no tengamos los ciudadanos claro de quiénes se merecen la confianza y poseen la credibilidad para “emocionarnos de nuevo.” Se impone racionalmente una definitiva y frontal posición de la gran mayoría de los ciudadanos que esperábamos de ellos una conducta afín con el compromiso que nos reclama la Nación. No es osado considerar, que escribimos nuestra historia en tiempo presente.

Debemos, por lo tanto y por ahora, obviar la manera como los diferentes actores y su filiación política han manejado en la oposición los 10 procesos de participación ciudadana anteriores, debe funcionar con fuerza, volumen y determinación el voto castigo en ambas direcciones, se debe imponer definitivamente el concepto de la teoría de juegos “ganar–ganar.” La voluntad ciudadana debe imponer su libre albedrío y determinación para rechazar contundentemente la conversión de la Nación venezolana en un Estado socialista, además de ello, romper o resolver el dilema ancestral en Venezuela donde ha privado el interés individual o de grupos por encima de los intereses ciudadanos. Es hora de asumir nuestra tarea.

Una de las debilidades y vulnerabilidades que siempre ha tenido la democracia como modelo de gobierno es la ausencia del ejercicio de la ciudadanía, algunos nos hemos conformado solo con asistir a votar, otros ni siquiera cumplen con este obligante y periódico ejercicio ciudadano, hemos dejado este primerísimo deber ciudadano en manos de otras formas de organización, que sin ser exagerado han desplazado al Estado, por ello y por la ausencia del ciudadano se nos ha inhibido y excluido de las grandes decisiones políticas en Venezuela, también hemos permitido que los gobiernos actúen sin respetar los compromisos de campañas electorales olvidando inexplicablemente las ofertas, que mediante coherentes y socialmente legisladas deban presentarnos como políticas públicas, para responder a las demandas colectivas, no por colores, por un mejor país, mejores ciudadanos, mejor educación, salud, trabajo y seguridad, etc.

Yo si voy, encierra una decisión, constituye una actitud, expresa determinación, además, un aporte concreto definido para organizarnos como ciudadanos originarios, poseedores de la fuerza y valor político sustantivo que nos otorga la Nación Venezolana, además, por considerar que solo organizados podremos defendernos de los abusos e impunidad a la que nos someten desde el poder, también para marcar un hito de LIBERTAD y ORDEN en nuestra historia contemporánea.

No solamente la cuestión política y la grave situación que transitamos (desconocimiento de la voluntad popular, manipulación electoral, amenazas, ofensas, impunidad, violación de los derechos humanos, inseguridad, ineficiencia de servicios, salud, higiene, milicias cubanas, robo, secuestro, invasiones, persecución política, etc.) nos obliga a organizarnos, también debemos como ciudadanos estar en capacidad de responder a cualquier contingencia, calamidades públicas, movimientos telúricos, suspensión arbitraria o accidental de los sistemas de comunicaciones públicas y privadas (radio, TV, internet, telefonía fija y celular, suspensión arbitraria o accidental de los servicios públicos6. (Apagones eléctricos, inundaciones, derrumbes, deslaves (recuerden 15 dic 1999).

El despertar de Venezuela y su resguardo pasa indefectiblemente por la organización ciudadana, que hasta el presente ha sido vaciada de su contenido, para ser solo figuras y números estadísticos, hemos respondido cuando hemos sido llamados a legitimar gobernantes, pero contrariamente, hemos hecho mutis frente a las ambiciones grupales y personales, hemos confiado en los funcionarios de los Poderes del Estado y también favorecimos con nuestra confianza y respeto a las Fuerzas Armadas como institución del Estado para nuestra defensa, en fin, hemos subsumido nuestro valor ciudadano a otros intereses, sin pedir nada a cambio, solo trabajo, respeto, honestidad, administración eficiente de del Poder y del Gobierno, y seguridad. No siempre lo hemos obtenido, más aún, como dijo El Libertador Simón Bolívar. Han abusado de nuestra credibilidad.

Ninguna Nación podrá ser libre, soberana, segura y productiva, si sus ciudadanos, de manera organizada, no demandan a su gobernante el respeto a la Constitución y a las Leyes que de ella soberanamente se emanen, ademas, el respeto de las instancias sociales y otras ofertas (públicas o privadas) por las cuales fueron favorecidos por la voluntad popular mediante el ejercicio ciudadano del voto. Por esta incontestable razón es apremiante organizarnos para salvaguardarnos del gobierno totalitario.

Hemos, votado, elegido, marchado, exigido, demandado, denunciado, apoyado, también hemos sido reprimidos, secuestrados, asesinados, ofendidos, desvalijados y amenazados.

Hemos sido renuentes para asumir nuestra responsabilidad ciudadana, no tenemos organización, carecemos de estrategia y líneas de acción, esto nos hace vulnerables e indefensos en la preservación de nuestra libertad, hacer valer nuestros derechos Ciudadanos7 y para responder a cualquier contingencia.

Ya es hora de organizarnos como ciudadanos.
Es nuestra prioridad. Despierta, decídete y actívate. Mañana será tarde.

Por Venezuela, yo si voy. Una iniciativa para
la organización ciudadana con fe, esperanza, compromiso y determinación

Colorado; 3 de abril del 2010
Mario Iván Carratú Molina.
Correos: (micm45@gmail.com), (marioivan09@gmail.com)
Twister: @MICarratu.

Referencias:

1 Derecho Constitucional: Rama del Derecho público cuyo estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos.

2 Existe la tendencia de interpretar como sinónimos Estado, Nación y País. Desde el punto de vista de la organización social, para existir como Nación o entidad política independiente y soberana, es requisito “ sine qua non” que la voluntad popular en ejercicio de su soberanía, decida organizarse en un determinado territorio, en este caso llamado Venezuela, (País) con una estructura institucional denominada Estado y, finalmente, acogerse a la forma republicana de gobierno a objeto de vivir en libertad, paz, trabajar y propiciar su crecimiento. Por ello es importante identificar a la Nación como la primera organización política en Venezuela cuyos afiliados somos todos sus ciudadanos.

3 Poder Originario, reside soberanamente en el pueblo, (ciudadano) del cual es poseedor, intransferible o jurídicamente no manipulado; con fuerza, valor y decisión, originaria, para rechazar cualquier acto irrito, imposición o decisión política del gobernante que por su trascendencia e importancia puedan, estas decisiones, menoscabar las libertades, cultura y tradiciones en la Nación venezolana. Por lo tanto, todo acto o decisión gubernamental que no sea sometido previamente a consideración, consulta y aprobación mediante referendo, será considerado irrito y por consiguiente ilegítimo, vale decir, de no obediencia u observancia por los ciudadanos.

4 Fidel manda en las FAN (Elizabeth Burgos; Revista Zeta; No. 1702, del 17 al 23 de abril de 2009. Al relatarnos la influencia de Fidel Castro Ruz durante los eventos del 11 de abril del 2002 a impartirle ordenes a miembros de la alta jerarquía militar en Venezuela (pocos comentados y suficientemente explicados por esos militares).

5 Es de todos conocidos, al menos, en los centros políticos e inteligencia de América, en la Unión Europea y en las Fuerzas Armadas del continente, la acción desestabilizadora de Fidel Castro y sus Fuerzas Milicianas Expedicionarias que en la década de los 80 y 90 contribuyó con hombres, equipos, participación y dirección política a las guerras intestinas en el Congo, Mozambique y el Zhaire, con un elevado número de desaparecidos y heridos, especialmente en la población civil mujeres y niños.

6 Sin pretender ser alarmista, es necesario atender con la delicadeza y preocupación que amerita el tema de nuestra Seguridad y Defensa ante la nueva e importada arquitectura “geopolítica y geoestratégica” que mediante alianzas, convenios secretos, materiales estratégicos, uranio, gas, petróleo, militares y de seguridad adelanta el gobierno, de manera “secretísima”, a espaldas de la Nación, entre otros con Cuba, Rusia, Irán, Bielorusia e Irak.

7 La situación venezolana se caracteriza, entre otras, por impunidad desde el Poder Presidencial, ausencia del Estado de derecho, sistemática violación de los Derechos Humanos y aquiescencia en la ONU y OEA. Esto debe ser analizada tomando en consideración todo lo establecido, declarado y comprometido a cumplir en: La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, (París, 26 ago 1789), Declaración Universal de los Derechos Humanos, (París 10 dic 1948, Carta de la ONU, Carta de la OEA, Carta Democrática y Constitución República de Venezuela. (15 dic 1999, aprobada en referendo) Pero mucho más importante y urgente es que sea reconocida por todos quienes hacemos vida en la República de Venezuela.

Aclárate. Publicado: 22-ABR-2010.

Carratú Molina es vicealmirante en retiro de la Armada Venezolana, fue director del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional; jefe de la Casa Militar y agregado de Defensa de la Embajada de Venezuela ante La Casa Blanca, Washington, D.C.