Por qué el gobierno no puede tomar decisiones racionalmente
Por BEN O'NEIL
En las raras ocasiones en que los gobiernos consideran recortar sus gastos en algún servicio (o, más probablemente, consideran recortar el ritmo de aumento en el gasto) invariablemente recurren a tener reuniones con "interesados" relevantes y miembros de la comunidad. Este proceso se realiza ostensiblemente para determinar las opiniones de aquellos que van a verse afectados por la decisión propuesta, para evaluar la actitud del electorado al que nuestros amos políticos prometieron servir.
Por supuesto, si uno fuera a realizar un estudio realmente científico de las actitudes de la comunidad ante esa propuesta, solicitaría las opiniones de una muestra al azar de los miembros de la comunidad. El uso de muestras al azar garantiza que no haya ninguna inclinación propia en el método de muestreo (aunque puede seguir habiendo inclinación por la no respuesta). Esto significa que las respuestas de los participantes encuestados pueden utilizarse como estimación para la comunidad en su conjunto, con técnicas estadísticas utilizadas para determinar lo cerca que las primeras puedan reflejar a la segunda. De hecho, es una técnica científica estándar para inferir las opiniones de una población grande, sin necesidad de un censo completo.
Basta con decir que el gobierno no procede así. Por el contrario, el gobierno solicita las opiniones de "interesados" relevantes, identificados por la burocracia. ¿Quiénes son estos interesados? Bueno, son la gente y grupos que tienen intereses en la decisión en curso. Y cuando decimos "intereses", debemos ser un poco selectivos. Después de todo, el gasto público se hace, al menos en parte, mediante la multitud de impuestos que se roban virtualmente a cada persona de la población. Y como no deseamos realizar un censo completo de la población debemos por tanto limitarnos a solo algunos interesados o, más precisamente, a aquellos interesados que tienen el mayor interés en la decisión.
Para decisiones aún más importantes, además de contactar con los grandes interesados, el gobierno puede asimismo sentirse obligado a hacer una consulta más general a la comunidad. Tampoco el gobierno apela a la metodología científica de muestreos al azar al seleccionar a esos miembros de la comunidad que van a participar en el proceso. Pues este método significaría que se excluiría la participación de miembros de la comunidad tirando dados: un resultado muy antidemocrático. Por el contrario, el gobierno sencillamente invita a la gente en general a hacer aportaciones o acudir a algún tipo de foro comunitario. Este proceso es autoselectivo: los que responden solo quienes eligen tomarse el tiempo para escribir una propuesta, acudir a un foro o hacer que sus opiniones se escuchen de otra manera.
El resultado de este mecanismo de muestreo es que tanto los interesados contactados por el gobierno como los miembros del público que autoselectivamente se toman tiempo para participar en el proceso son los que tienen un mayor interés en la decisión propuesta. Y como los costes de cualquier servicio público concreto están difusamente extendidos en toda la población, mientras que los beneficios se concentran en un grupo mucho más pequeño de buscadores de rentas, son precisamente estos buscadores de rentas los que serán los participantes en el proceso de consulta del gobierno.
El resultado es nada menos que una manifestación de ignorancia racional y una no participación racional por parte de quienes tienen un interés pequeño en la decisión. Para esta gente, el valor a obtener de influir potencialmente en el gobierno no le compensa el tiempo, esfuerzo y potencial incomodidad que implica, además de la pérdida de oportunidad de no realizar otras actividades (como tiempo libre o trabajo remunerado).
Para el anciano jubilado que confía en el servicio público de autobuses para ir a la consulta del doctor o mantener su vida social, las implicaciones de un recorte en este servicio pueden ser graves. Pero para el contribuyente ordinario que no usa este servicio, el beneficio financiero neto de un recorte de este servicio es mínimo, así que el beneficio neto de acudir a un foro de consulta comunitaria para hablar a favor de este recorte (aunque tenga éxito) puede no compensarle el esfuerzo y la incomodidad que supone.
Pero incluso aparte de la cuestión de la participación, debemos asimismo preguntar quién va a sufrir más impacto en este proceso. ¿El anciano jubilado, que está prácticamente deshecho en lágrimas por las implicaciones en su modo de vida? ¿O el contribuyente, que calcula que el recorte del servicio de autobús le ahorraría 27$ al año en su factura fiscal?
El resultado de esta consulta no ofrece dudas. El propio proceso de consulta se inclinará hacia los intereses de los buscadores de rentas, tanto en cifras como en la magnitud de sus reclamaciones. De hecho, sería valiente un contribuyente que osara incurrir en la ira de "la comunidad" indicando su magra demanda financiera frente a los enormes intereses de los buscadores de rentas en un foro así.
Esto es verdad para todos y cada uno de los servicios públicos que implican una dispersión difusa de costes entre los contribuyentes. En cada caso, "la comunidad" a la que se consulta está compuesta por buscadores de rentas que se benefician de este servicio a costa del contribuyente. Y así, en todos esos casos, los que están en el gobierno deseosos de más estatismo (y son muchos) tienen unos bonitos dados cargados. Pues pueden argumentar que tienen a "la comunidad" de su lado, que "la comunidad" ha hablado, que se ha consultado a todos "con intereses en l decisión". Pueden argumentar que la democracia requiere que el gobierno acate las opiniones de esta comunidad y que sería una afrenta al proceso democrático ignorar estas opiniones.
De hecho, si el gobierno procede a recortar el gasto a pesar de su proceso de consulta, es vulnerable a la acusación de que el proceso solo era una mera pantomima y que el recorte en el gasto era una fait accompli. Puede que esto sea cierto, dado que es improbable que resulte nada del proceso de consulta que apoye esa acción. Sin embargo, esto es solo la mitad de la verdad. Pues lo cierto es que es a menudo el resultado del propio proceso de consulta lo que es una fait accompli, inclinado por su propia naturaleza hacia los intereses de los buscadores de renta, que tienen un mayor interés en el servicio concreto bajo consideración que los contribuyentes a los que se roba para pagar las facturas.
Cortesía de www.miseshispano.org. Publicado: 24-AGO-2012.
Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe.
