El dilema existencial y de conciencia que perturba a los militares ante el silencio de los poderes del Estado, funcionarios del ministerio público y la impunidad contenida en las órdenes y amenazas de Chávez de utilizar las armas de la república.
Transcurría el proceso electoral para la elección presidencial a finales del año 1998, como una apertura institucional el Ministerio de la Defensa, tres semanas antes del 6 de diciembre, convocaba por separado a todos los candidatos presidenciales de entonces.
Asistí a una de esas “entrevistas institucionales” muy convenientes por cierto, habida cuenta del efecto desinstitucionalizador que el “complot cívico-militar” había dejado herida de muerta al sistema democrático, con sustantivos y dañinos efectos en las instituciones políticas, las fuerzas armadas y a los ciudadanos.
Presidía la reunión el entonces Ministro de la Defensa Vicealmirante Tito Manlio Rincón Bravo, le acompañaban dos generales del ejercito; el Comandante del Comando Unificado y el Director de Inteligencia Militar, ante la turbulencia y amenazas conocidas que los cuerpos de seguridad tenían bastante claras, aparecía con elevada probabilidad una reacción popular y militar si el resultado electoral no favorecía entonces (“reo de la justicia militar y sobreseído por exclusividad presidencial y presiones de todos los sectores nacionales”) a quién hoy es el Presidente de la República.
En un momento de esa conversación, abordándose el tema de la seguridad colectiva de los venezolanos y del resultado electoral, le inquirí al Vicealmirante Tito Manlio Rincón, Ministro de la Defensa, “Escúchame Tito, ¿Están Uds. consientes de la situación interna en las FAN? ¿Poseen el control de la institución para garantizar la paz, el orden y el respeto a los resultados electorales?”
El ministro respondió de manera contundente con un lacónico, “Sí.”
De seguidas le amplié mi pregunta ¿Conoce el Ministerio de la Defensa y ha procesado las informaciones que indican la existencia de un plan de desestabilización y terrorismo selectivo que es atribuido a Chávez junto a sus más radicales y expertos colaboradores en combinación con agentes externos?”
El Ministro de la Defensa, visiblemente molesto o incomodo por mi insistencia y la certeza de mis preguntas, me respondió políticamente y no militarmente como yo esperaba, dijo: “Tengo la seguridad del carácter institucional de las Fuerzas Armadas y la garantía del Plan República.”
Volví a insistir tercamente y de manera firme le dije: “Mira Tito, Uds. saben muy bien que carecen del control militar y también conocen a todos los que estando involucrados activamente en los cuartelazos del 4 de febrero y 27 de noviembre del 1992, no fueron investigados, fueron sobreseídos y continúan siendo la punta de lanza de la conspiración en el cuerpo institucional."
Fui más enfático al agregar, “No percibo la tranquilidad y seguridad que intentas comunicarnos.”
Acto seguido intervino el candidato (Dr. Miguel Rodríguez) cortando el forzado dialogo entre dos militares y dos marinos conocedores de la realidad que se pretendía ocultar o al menos disimular. Se dio por concluida, de manera abrupta, la reunión. Se nos dijo que el ministro estaba sobre la hora para otra actividad.
Mucha agua ha corrido desde entonces. Transcurridos 10 años de esa reunión, ahora se sabe que el Almirante Carratú Molina estaba en lo cierto, el germen de la conspiración nacionalista-marxista carcomía desde sus entrañas a la institución Militar venezolana.
Quizás tenía razón el Ministro de la Defensa, los resultados favorecerían posteriormente al candidato Chávez, no trascendió a los ciudadanos, las fuertes tensiones que carcomían íntimamente a los militares institucionalistas, quienes comenzaban a recibir los impactos de los silentes comprometidos y los activados por la conspiración, vivita aún, para ese entonces. De aquellas incongruencias se derivan los destructivos efectos que se proyectan sobre el país, las instituciones, y los ciudadanos.
Hoy podemos hacernos las mismas u otras preguntas
¿Fueron aquellos planes dejados totalmente de lado?
¿Eran los mismos los que, ya desde el poder, y con la institución militar se ordenó la activación y ejecución criminal del Plan Ávila en abril del 2002?
¿Existirá hoy ahora otro plan, más contundente con diferente nombre, mismos objetivos y con la participación de las milicias revolucionarias y otros componentes?
¿Estaremos los ciudadanos incluidos como fuerzas enemigas en estos planes?
¿Estarán los generales, almirantes y otros componentes operacionales, con o sin mando, conscientes de lo canallesco de otro plan similar, ahora con la especifica inclusión de milicianos venezolanos o extranjeros?
¿Tendrán los militares preparados los planes para proteger a los ciudadanos, reducir la violencia política y garantizar la paz social
¿Obedecerán los militares a Chávez, llegado el caso, a que este ordene accionar el poder militar si no vence electoralmente?
Todo ello dependerá de la conciencia de cada individuo y de su concepto de lo que es son unas Fuerzas Armadas por y para defender a los ciudadanos.
Lo que intento refrescar a quienes nos lean, es que desde los cuartelazos de 1992, la violencia esta presente en todos los planes de Chávez, hoy por hoy, con la mayor impunidad, lanza como amenaza el empleo de militares, sus blindados y muy posiblemente de grupos armados o mercenarios calificados como milicias nacionales, todo ello, bajo el concepto comunista de los grupos de reacción de las milicias comunales.
La separación de poderes; ¿Democracia vs. Totalitarismo?
El silencio de los funcionarios que por norma les corresponde garantizar el equilibrio del poder y controlar los excesos desde el Estado o los gobernantes constituye una grave anormalidad que trastoca la democracia como gobierno, como sistema político y como norma de vida.
El Tribunal Supremo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Ministros para el Poder Popular y muchos otros funcionarios del Estado, a quienes le corresponde funcionalmente, garantizar el cumplimiento de la Constitución y por derecho, poner freno, específicamente, al gobierno totalitario, no han cumplido con sus tareas de manera fehaciente y oportuna, por el contrario, defienden sus activos, los del gobierno y a sus colegas ideológicos en labores de gobierno. Se convierten en cómplices de la impunidad que ha convertido a Venezuela en un potencial Estado Fallido y hasta un Estado Terrorista, dependiendo de la forma de gerenciar sus potenciales ilícitos, delitos o violación de los Derechos Humanos, entre ellos el de la vida.
Es importante enfatizar que el Derecho Internacional Humanitario y Penal constituye una instancia jurídica o herramienta para garantizar la Paz y la Justicia, que conoce además, los mecanismos supra nacionales para denunciar y combatir la violación, irrespeto o disimulo de los tratados, convenios, acuerdos y otras declaraciones tales como: La Corte Internacional de Justicia de la Haya, La Corte Penal Internacional, Convenios de Ginebra, Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Carta de la ONU, Carta de la OEA y Carta Democrática.
Es necesario resaltar que existe concordancia entre la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Constitución venezolana, donde se dispone:
“Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre los derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.” (Violados o amenazados).
Es determinante agregar la aprobación del Estatuto de Roma en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Roma (julio 1998) llenando un vacio jurídico que había quedado desde el Tribunal Especial de Núremberg, que conociera los crímenes y otras violaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Constituye finalmente un instrumento para la defensa de la Paz y la Justicia, en concordancia con La declaración de la Haya para la Paz.
El régimen constitucional de Venezuela en materia de Derechos Humanos (ver arts.: 19, 22, 23, 31, y 261) esta regido por lo que establece el sistema constitucional aprobado mediante referendo el 15 dic. 1999.
Los militares profesionales y los que prestan el servicio militar
Desde que inició su gobierno, el presidente ha reiterado públicamente en su acostumbrado modo ofensivo y amenazante: La revolución está armada.
Ante esta amenazadora expresión del presidente, surge en la ciudadanía una pregunta y a la vez demanda a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional.
¿Cómo es interpretado esto por cada uno de los hombres y mujeres que integran los cuadros de mando al mal alto nivel militar y cómo serán obedecidas las órdenes (ilegítimas) que de esos mandos se les impartan siguiendo ordenes de Chávez?
n este casquivano escenario divagan los militares profesionales de Venezuela en servicio activo, debo precisar una diferencia, no utilizo como debe ser, el calificativo de Institución Militar, en su defecto utilizo el de militares, contrariamente a los que muchos otros defiendan, ignoren o no les interese.
Debo ser muy enfático en esto, una institución Militar obedece, respeta e internaliza los valores y principios constitucionales del Estado para quien sirve, esa es su única garantía y obligación hacia los ciudadanos de esa nación, lo demás, es demagogia barata y muy perjudicial. Mucho menos puede otorgarse un carácter institucional a un cuerpo militar que albergue, entrena y equipa a fuerzas milicianas, que no son otra cosa que la semilla de la represión y la de su auto eliminación. Aquí no se pueden otorgar concesiones.
Es mi criterio (susceptible a discusión, análisis filosófico y debate) que la institución militar en Venezuela perdió ese calificativo jurídico, político y corporativo al politizarse, perder la meritocrácia, la jerarquización, su concepto institucional dentro del Estado, violados bajo su cadena de mando los derechos humanos y otros postulados constitucionales, constituirse además, en brazo armado (pretores en contra los ciudadanos) del gobernante con innumerables actos e impunidades violatorias de los Derechos Humanos de los venezolanos.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela han venido sufriendo un proceso “desnaturalizador”, que se solapa o mimetiza con el oportunismo y el arribismo que al mismo tiempo desarticula la otrora jerarquizada, profesional y disciplinada organización del Estado.
Aspectos rigen nuestro pensamiento.
El capitulo VII, capitulo I: “De la Seguridad de la Nación” (arts. 322-332) se define lo concerniente a la Seguridad de la Nación, Carácter de la Fuerza Armada Nacional y Fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional.
En la práctica la realidad es otra: La Constitución en materia de seguridad, defensa, carácter y empleo de la Fuerza Armada han sido violados en repetidas oportunidades por el propio Chávez, de manera obediente, inclusive bajo responsabilidad administrativa y pena, ha sido aceptada por todos los mandos militares desde el mismo año de 1999, cuando se inicia la actual administración.
Han sido muchas las actuaciones del cuerpo militar, bien de manera aislada o colectiva, se han violado los derechos humanos con la connivencia de quienes han ejercido los mas importantes cargos como ministros de defensa, comandantes de fuerza, comandos de unidades superiores, teatros de operaciones y bases militares, mientras estaban en ejercicio y comandos respectivos, guardaron silencio, (individual) aceptaron y callaron cuando era reconocido y soportado públicamente la reiterada violación del marco constitucional que están obligados a respetar y cumplir. Hemos visto a posteriori ya en retiro algunos, muy contados, han intentado borrar sus huellas y desde la oposición, se han transformado en acérrimos y virulentos opositores, pero ya su falta ha sido consumada.
Es humano rectificar e igualmente justificar lo actuado, ello podría ser considerado luego de un análisis e investigación judicial exhaustiva, única manera de dirimir responsabilidades y responder en una tardía rendición de cuentas. No puede ser aceptado el daño institucional que su “decidía” ha ocasionado a la Seguridad y Defensa de la Nación, a la Seguridad de los Ciudadanos y a la Institución Militar del Estado, este ha sido inmenso, se representa por la desnaturalización de la institución, la ruptura de los principios que la sustentan y constituirlas en guardia real del presidente, un daño que podría ser irreversible en los hombres que hoy la conforman.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armada
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armada (LOFAN) 28 de Septiembre del 2005 y la nueva promulgación acaecida en el mes de Julio de 2008, con aprobación a espaldas de la sociedad y de los militares en todos sus rangos y categorías, introduce cambios sustantivos en la política militar de Venezuela, se viola flagrantemente la Constitución de 1999, se instituyen otros cuerpos militares, se crean las milicias y por si fuera poco, se transforma la Institución Militar de Venezuela en una Fuerza Armada Socialista, bajo el mando exclusivo de Chávez, no se toma en cuenta para esta ilegal transformación las disposiciones constitucionales, la quietud cómplice u ordenada de autoridades civiles y militares del Estado es patética, se le transforma en el órgano político represor, con el poder coactivo y coercitivo de Chávez, a su saber y entender, La Constitución y los Poderes doblegados bajo su autoridad absoluta y discrecional poder. Por supuesto ausencia absoluta de valores éticos, pero conocedores de lo ilegal y consecuencias penales que ello les acarreará en algún momento, los delitos en materia militar que afecten los derechos humanos están sujetos a ser conocidos en la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y no prescriben.
La Ley Orgánica de la Fuerzas Armada vigente es anti constitucional, por ello toda interpretación, cumplimiento, ejecución o actividad amparada pos su articulado es irrita y por lo tanto ilegitima, incluso, podría ser vetada y sancionada por los tribunales internacionales como una medida extrema y precautelativa dada su potencialidad para atentar o hacer daño al hombre, a sus derechos civiles, humanos y hasta de su vida.
Se contrapone a los principios generales del Derecho Penal en el Estatuto de Roma entre otros: La legalidad, la igualdad ante la ley penal internacional, la imprescriptibilidad de los crímenes de la competencia de la Corte, La proporcionalidad, La responsabilidad penal, la responsabilidad de superiores jerárquicos.
En Venezuela los Poderes Públicos no cuentan, la alta jerarquía militar lo avala y apoya en diversas formas: por la vía del empleo disuasivo, mediante declaraciones y desplantes de militares o por la vía de los hechos directos sobre los ciudadanos y sus libertades.
Los ciudadanos nos debemos preguntar:
¿Quién nos asiste jurídicamente ante esta situación de impunidad y a todo evento inconstitucional?,
¿Hasta donde seremos victimas de este aplastante poder militar, que surge como amenaza real, bajo las ordenes del Presidente?,
¿Cumplirían los militares las órdenes de accionar sus armas sobre la población civil?.
¿Que harán los militares, si grupos armados de milicianos (nacionales o extranjeros) activan sus grupos “piedrita,” “carapaica,” “tupamaro” y otros, contra los ciudadanos?
La nueva nomenclatura militar y sus hombres
Cadena de Mando encabezada por el Presidente. (Art 6)
Los hombres de Chávez
La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 6239 del 22 de Julio de 2008, designa (art.5) su organización y mando.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana esta organizada de la siguiente manera: La comandancia en jefe, el comando estratégico operacional, los componentes militares, la milicia nacional bolivariana, comandos de dDefensa integral, (a tres niveles) y comandantes de zonas militares, destinadas a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación y las regiones militares como organización operacional, para el control interno, sin conocerse su definición y amplitud).
El Comando Estratégico Operacional, los Componentes Militares, la Milicia Nacional Bolivariana y las Regiones Militares, dependen administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la cadena de mando queda hoy conformada por las personas que se mencionan de seguida.
Comandante en Jefe (art 6), Chávez se auto asigna el grado militar de Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejerce el mando supremo de ésta y es su comandante operacional, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Dirige el desarrollo general de las operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones y regiones estratégicas de defensa integral, así como los espacios para maniobras y demostraciones, designando sus respectivos comandantes y fijándoles la jurisdicción territorial correspondiente, según la naturaleza del caso.
El Ministerio del Poder Popular para la Defensa bajo el Comando del General en Jefe (EJNB.) Gustavo R. Rangel Briceño, para los efectos de la Ley Orgánica de la FA, solo con funciones administrativas y no de comando. Esa responsabilidad es potestad exclusiva del Presidente a través de otros mandos. (art 11)
Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana: May Gral. (EJNB) Carlos A Freites Reyes, nombrado por el presidente de quién depende absolutamente, tiene como misión la organización, entrenamiento y equipamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, por ahora integrada civiles y militares profesionales. Tiene como tarea el control interno y entrenar a grupos comunales. No se conoce más nada de este componente anti constitucional, (art; 43).
Jefe del Comando Estratégico Operacional: May Gral. (EJNB) Jesús G. González González, nombrado y dependiendo operacionalmente del Presidente para integrar la fuerza regular con la Milicia Nacional Bolivariana; bajo su comando directo actuarían las unidades militares que el presidente ordene alistar y operar, como ha amenazado hasta ahora, (art: 18, 19, 20).
Jefe del Estado Mayor Conjunto: Gral. de Div. (AMNB) Julio Ramón Fernández. Solo para actividades de Asesoramiento y de Planificación, carece de mando operacional, (art 22).
Inspector General: V/A (ANB) Manuel Alfredo Yánez Villegas, cargo administrativo de investigación administrativa, carece de mando operacional, (art 12).
Comandante General del Ejercito (EJNB) Carlos José Mata Figueroa; Comandante General de la Armada Alm. (ANB) Zahim A. Quintana Castro; Comandante general de la Aviación May. Gral. (AMNB) Luis J. Berroteran A.; Comandante General de la Guardia Nacional May Gral. (GNB) Alonso Carrión Fredys.
El mando, alistamiento, activación, ejecución de planes militares y operaciones militares de cualquier categoría y complejidad, le corresponde y es potestad exclusiva del Presidente, que a su vez comanda directamente, sin intervención del Ministro de la Defensa, al Comando Estratégico Operacional y al Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, por su defecto también a los cuatro componentes y sus unidades operacionales.
Además, en esta cadena operacional, aparece una nueva figura anti constitucional que la conforman las Regiones Militares.
Zonas Militares: LOFAN (arts. 25, 26 y 27). a) Zona Occidental: Mayor General Luis Mota Domínguez; b) Zona Central: Mayor General Juan Paredes T.; c) Zona de Los Llanos: Mayor General José Oropeza Pernalette; Zona Guayanesa: Mayor General Félix Velásquez; e) Zona Oriental: Almirante Pedro González Díaz. Todos estos comandantes de Zona dependen directamente de Chávez como comandante militar, esto significa que viola La Constitución (art. 328) con esta nueva designación de cargos y grados que establece la nueva Ley Orgánica de las FAN. Los ubica fuera del ámbito castrense y ocupan funciones militares y civiles en sus respectivas zonas.
Principios institucionales del Estado y del mando militar, en el compromiso de la obediencia dentro del marco constitucional vigente y convenios supranacionales
Las repetidas alocuciones de Chávez en la actual campaña electoral presentan piezas de información de su discurso político, retadora, humillante, de carácter amenazante y coercitivo; su argumentación tiene además contenidos totalitarios que llaman a los ciudadanos y a la Fuerza Armada Nacional a un enfrentamiento violento y armado, si no es favorecido por los resultados electorales del venidero 23 de noviembre.
Los miembros de los poderes públicos y la Fuerza Armada Nacional están llamados a evitar que esto se suceda y tomar las medidas que establece la constitución, si esto llegase a concretarse, además, por carecer de toda legitimidad.
A los militares por La constitución en el Titulo VII y el articulado de la misma del 322 al 332. Les es establecido por esta base jurídica y política, (inclusive cuerpos de seguridad del Estado) los siguientes compromisos entre muchos otras:
Respetar La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todo su contenido, en especial en todo aquello que contradiga los principios y el espíritu referente los Derechos Humanos.
Ningún comandante militar puede transmitir, impartir u obedecer ordenes de empleo militar que los conduzca por comisión u omisión a la violación de la Constitución y a otros actos en contra de su conciencia.
Ningún militar o funcionario policial esta en la obligación de cumplir ordenes contrarias al espíritu y norma Constitucional y esta en su derecho y deber negarse a cumplir este tipo de órdenes, que entre otras cosas, le harian reo de la Justicia.
Ningún militar o funcionario policial deberá obedecer órdenes de aplicar la fuerza represiva armada sobre los ciudadanos y mucho menos como es el caso, cuando es por un capricho totalitario e ilegitimo y sea ordenado bajo la impunidad de su poder.
Todo funcionario militar o civil deberá denunciar ante los organismos nacionales e internacionales los preparativos que por ”orden superior,” se configuren como acciones de amenazas a los derechos humanos individuales y colectivos, entre ellos la vida y la libertad. El Alto Mando Militar de Venezuela como arriba se especifica, en concordancia con la norma constitucional y la “novísima” Ley Orgánica de las Fuerza Armada, no podrá recibir e impartir órdenes que conlleven el uso de blindados, armas colectivas e individuales contra los ciudadanos en cualquier situación o circunstancia.
Los militares y funcionarios civiles están en la obligación, amparados por la Constitución Nacional, de negarse a ser utilizados en grupo o de manera individual para hacer uso de las armas de la República de Venezuela contra los ciudadanos.
Ningún extranjero podrá ser utilizado para entrenar, equipar y operar armas en el Territorio Nacional, es además obligación de todo ciudadano, en cualquier condición, cargo o empleo, denunciar estas prácticas no autorizadas por el concepto de soberanía establecido en la Constitución venezolana.
El Presidente Hugo Rafael Chávez Frías no puede y carece de legitimidad para impartir ordenes para el uso de los recursos civiles y militares en contra el ciudadano, por esto, deberá ser desobedecido, desplazado del poder y sometido a juicio por la incitación a actos criminales con la Fuerza Pública y Militar.
Los Poderes del Estado personificados por sus actuales miembros (Tribunal Supremo, Ministerio Público, Asamblea Nacional ) deben “actuar de oficio” y tomar las medidas constitucionales que eviten estadios de enfrentamiento militar, civil o una combinación de ellos, que a su vez provengan de órdenes ilegítimas impartidas desde la Presidencia de la República.
El ciudadano debe hacer respetar bajo toda circunstancia los postulados constitucionales, en especial el “principio de la soberanía del pueblo.” Intransferible como valor sustantivo.
¿Qué hacemos los ciudadanos?
Con carácter de inmediato, sin otras consideraciones, eplicaciones, análisis y aclaratorias no podemos seguir inermes y expectantes. La situación es delicada. Tampocopodemos seguir esperando que otros vengan a ayudarnos. Hay suficientes experiencias de acciones de gobiernos totalitarios donde el ciudadano, los jóvenes, las mujeres y niños corren con los efectos destructivos más importantes y tenemos que evitarlo con todas nuestras fuerzas.
Despertar y reaccionar unidos, cobijasdos con el pabellón tricolor y como armas, La Constitución y lo racional. Equipados con la voluntad necesaria. No hay cabida para otros símbolos y consideraciones subalternas. Como dijo Andrés Bello, "Llegó la hora de la conciencia. Es la hora de pensar profundo."
